Esperanza Aguirre nos recordó de manera muy didáctica lo que dice la Constitución al respecto: en España la educación es obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años. Tales afirmaciones dejan abiertas las puertas a muchas interpretaciones, pero cuando unas declaraciones así provienen de un miembro de tanto peso en el partido que gobierna, en cualquier caso no pueden tomarse a la ligera ni ignorarse.

Por un lado, algunos analistas las han interpretado como una opinión personal, a la que no hay que hacer más caso del justo y necesario. Según estos no se está gestando ningún cambio que implique cobrar los estudios de Formación Profesional ni de Bachillerato.

Por otro lado, se ha levantado una oleada de suspicacia acerca de las intenciones del Gobierno. ¿A santo de qué unos comentarios como éstos? Para algunos está muy claro que se trata de un aviso del Gobierno, una manera de ir preparando a la población, de ir abriendo el debate al que muchos se apuntarán y, como suele suceder, unos se posicionarán en contra y otros a favor. De esta manera, cuando el Gobierno anuncie formalmente la medida, ya estará en boca de todos y no parecerá nada nuevo.

¿Estrategia política?, ya veremos

En unos momentos en los que están sobre la mesa cambios drásticos en nuestro modelo social, tales como el copago sanitario, el cobro de los estudios de Formación Profesional no parece una idea tan desproporcionada.

Podemos pensar que la formación es menos importante que la sanidad y, si la sanidad sufrirá recortes y cambios ¿porqué no los va a sufrir la formación también?

¿Cómo afectaría un cambio así a la formación profesional?

La formación profesional se puede estudiar tanto en centros públicos como privados. Los centros privados no se verían, en principio, afectados por estas medidas, ya que ellos ya están cobrando a los alumnos.

Sin embargo, los centros concertados podrían ver reducidas sus subvenciones y ayudas si la situación económica empeorara y, en consecuencia, trasladarían a los precios de los estudios la reducción de ingresos.

Los estudiantes que realmente se verían afectados son los que estudian o van a estudiar formación profesional en centros públicos. De no pagar nada, como sucede ahora, tendrían que pagar una mensualidad, sea de 100 € o sea de 400 €, la medida supondría el abandono inmediato de muchos alumnos cuyos padres no podrían costear los estudios de sus hijos.

En una situación donde la mayoría de la población sufre los efectos de la crisis en la economía doméstica, ningún gasto extra puede ser absorbido con facilidad.

No se trata simplemente de una cuestión social. Se trata de que para muchos, tener que pagar los estudios de FP supondrá directamente el no poder realizarlos. En una sociedad como es la española, que está fuertemente castigada por el fracaso escolar, la baja cualificación profesional, cualquier medida que suponga restringir la formación es tirar piedras al propio tejado.

Lo que España necesita es justo lo contrario: incentivar la formación: la formación de los ciudadanos representa para España disponer de capital humano,  disponer de una industria y unos servicios profesionales y eficientes. La formación aporta valor al país y marca la diferencia con otros estados, su competitividad y su capacidad de adaptación.

¿A quién favorecería esta medida?

A los centros privados principalmente,  la formación pública compite de manera directa con estos, que verían incrementar su número de alumnos al reducirse el principal factor de diferencia: el precio.

Puestos a pagar, muchos padres preferirán que sus hijos asistan a un centro privado que sea, quizás, más de su agrado. El deterioro que se ha venido sufriendo en los centros públicos en los últimos años, no favorecerá la elección a favor de éstos.